16 semanas de infarto para la política económica

El Gobierno se enfrenta a una agenda económica muy intensa de aquí a fin de año. Sobre la mesa tiene las reformas comprometidas con Bruselas, la aprobación de los Presupuestos, la ampliación de la ERTE y su reconversión a una estructura permanente, los cambios para bajar el precio de la electricidad, la subida del salario mínimo, desbloquear ayudas a empresas y ejecutar los fondos europeos a tiempo. Y todo ello en 16 frenéticas semanas con difíciles equilibrios parlamentarios.

Gastar la ayuda europea es una prioridad. En los últimos días se ha pisado el acelerador. Según los últimos datos de Hacienda, de los 24.000 millones disponibles para este año, el 41% ya está comprometido, el 46% autorizado y el 18,7% pagado. Aunque gran parte va a las comunidades y todavía tienen que gastarlo, la demora no es tan preocupante ya que estos fondos pueden desembolsarse durante varios años. Dicho esto, a partir de diciembre de 2022, la atención ya no se centrará en las reformas para, en cambio, verificar que se gasten los recursos y se cumplan los objetivos. Y estos son objetivos muy exigentes. Por ello, el Gobierno afronta el enorme reto de poner en marcha y lubricar la maquinaria de gasto, fundamental para dar un impulso a la recuperación.

Dos reformas complicadas

Para recibir estos fondos de Europa, es fundamental cumplir con las reformas. Como se indica en su plan regulatorio, en este cuatrimestre el Gobierno tiene que avanzar en 16 proyectos con rango de ley. Juega uno a la semana. Una de las iniciativas que enfrenta más escollos es el mecanismo de equidad intergeneracional, un sistema para prevenir el retiro de los Baby boom pensiones de sobrecarga. Sobre este mecanismo, el ministro Escrivá señaló que implicaría un pequeño ajuste o tener que trabajar más. Sin embargo, al día siguiente tuvo que retroceder. Su legislación estaba comprometida con la UE en 2022 para sustituir el llamado factor de sostenibilidad, una fórmula aprobada por el PP, cuya entrada en vigor se había pospuesto y que recortaba beneficios en función del aumento de la esperanza de vida. Pero los sindicatos insistieron en que este factor se elimine ahora. Ni Bruselas ni la CEOE querían eliminar el factor de sostenibilidad sin añadir otro que lo sustituyera. Entonces, el acuerdo con los agentes sociales dice que empresarios y sindicatos deben acordar antes del 15 de octubre el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que reemplazará el factor de sostenibilidad.

Si no lo hacen, como se establece en el acuerdo, el Gobierno legislará solo. Fuentes ejecutivas asumen que este escenario es posible. Tendrán que tramitarlo en muy poco tiempo junto con las revalorizaciones con el IPC para poder aprobarlo a fin de año en un contexto parlamentario que sugiere bloqueos y tensiones.

La otra reforma que enfrenta una negociación complicada es la laboral. Ahora mismo parece inconcebible que la CEOE apoye la propuesta laboral actual, que según fuentes patronales restringe la temporalidad, la subcontratación y la flexibilidad interna. Estos aseguran que si se modifica el artículo 41 en los términos propuestos por el Gobierno, implicaría una contrarreforma de la legislación de 2012. Por eso la patronal intenta buscar fórmulas alternativas para reducir la temporalidad y mejorar el empleo juvenil sin incidir en la contratación. . El equipo de Yolanda Díaz tiene mucho trabajo por delante para llegar a un acuerdo al respecto. El documento firmado por los líderes europeos para la concesión de los fondos dice: "Los cambios no supondrán obstáculos desproporcionados para que las empresas se ajusten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad". También deja claro que la reforma debe contar con la aprobación del empleador.

Trabajo y Seguridad Social deberá acordar con los agentes sociales la ampliación de la ERTE, que vence el 30 de septiembre. Esta se propone solo para los sectores que lo necesiten y servirá para probar la nueva ERTE estructural, cuya financiación aún está por realizarse. resuelto.

Todos los días tendrán su afán. Ante la fuerte subida del precio de la electricidad, el presidente Sánchez se ha atado al mástil con la promesa de que este año se pagará la misma electricidad que en 2018, descontando la inflación. Y en el Ministerio de Transición pusieron todos sus esfuerzos para que el martes esté listo el paquete de medidas que debe asegurarlo. Se están estudiando más recortes de impuestos, reducciones de cargos, el uso de los ingresos de las subastas de CO2 o el avance de la legislación para eliminar el pago excesivo de los derechos de CO2. Probablemente ese día también se aprobará, sin acuerdo con el empleador, el aumento del salario mínimo para el resto del año.

Presupuestos y una cantidad fija por niño en la renta mínima

Pedro Sánchez ya ha encargado que los Presupuestos se lleven al Consejo de Ministros entre finales de septiembre y principios de octubre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, están negociando el apoyo de Podemos. Si bien la reforma tributaria se basará en el informe pericial que se publicará en febrero, el Gobierno dará algunos pasos sobre cómo establecer un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Podemos también ha pretendido reforzar el escudo social con un beneficio universal para la crianza. Aunque el Seguro Social ya trabaja por su parte en algo diferente: quiere establecer una cantidad fija adicional por hijo que se entregará a las familias beneficiarias del ingreso mínimo vital y otras que se encuentren en umbrales de ingresos algo más altos.

Se espera que un aumento con la inflación de las pensiones y los salarios de los funcionarios públicos respalden la historia de la fuerte recuperación. De hecho, esto se reflejó en el Plan de Estabilidad que se envió a Bruselas en abril. En estas conversaciones sobre los Presupuestos entrará la ley de vivienda y los límites al precio del alquiler que quiere imponer Podemos en zonas estresadas. Y las negociaciones para obtener el apoyo de ERC a los Presupuestos adquieren una nueva dimensión tras la suspensión de la inversión del Prat. El transporte también tiene entre sus prioridades llevar la ley de movilidad al Consejo de Ministros en primera lectura, incluido el sistema de peaje para financiar el mantenimiento de las carreteras.

El PERTE agroalimentario

Tras el PERTE del coche eléctrico, Industria prepara un nuevo proyecto estratégico financiado con fondos europeos: el agroalimentario. El ministerio de Reyes Maroto también intentará llevar a cabo un plan nacional para la industria.

Y Economía está trabajando en la aprobación de varias leyes destinadas a mejorar el clima empresarial: reforma concursal, legislación de creación de empresas y la ley para promover puesta en marcha. En el primero, se agilizan los procesos de quiebra y pre-quiebra y se facilita el alivio de la deuda. En el segundo, hay más facilidades para crear una empresa. Y en el tercero, se crean incentivos para empresas emergentes, para atraer talento y favorecer la inversión. Pese a que se ha pedido a Bruselas una prórroga del marco europeo de ayudas al covid, Economía no ampliará el plazo para dar los 7.000 millones de ayudas a las empresas más allá del 31 de diciembre. El motivo es que están presupuestadas para este año. , alegan.

Si bien la reforma de la financiación autonómica llevará más tiempo, probablemente Hacienda produzca antes de fin de año una nueva definición de población ajustada, variable que pondera a la población en función de superficie, insularidad o edad, todo lo cual incrementa el gasto. para la prestación de servicios. En otras palabras, cuesta más mantener los servicios con una población que envejece o está muy dispersa. Y por tanto la distribución se ajusta teniendo en cuenta este tipo de factores. Su definición determinará el nuevo sistema de financiamiento de las comunidades.