A casi un mes del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Senado de la República ha puesto sobre la mesa la iniciativa de crear un ley de ciberseguridad en el país, que debe incluir el análisis de expertos y de la sociedad civil.
Según el organismo internacional de derechos humanos para la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, Artículo 19, este tipo de iniciativas no deben criminalizar el uso cotidiano de la tecnología y por ello considerar necesario incorporar a la sociedad civil en las mesas de trabajo.
Ninguna legislación en materia de ciberseguridad debería implicar la vulneración de los derechos humanos de las personas
expuesto el artículo 19.
😰 ¡Esto está pasando en el Congreso y tienes que saberlo!
🤖 Una ley de #La seguridad cibernética dejando a la sociedad civil fuera de la discusión, que más da que estas iniciativas no permitan censura y/o vigilancia👁🗨
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– ARTÍCULO 19 MX-CA (@article19mex) 24 de octubre de 2022
La organización añadió que entre las múltiples propuestas de redacción de esta ley de ciberseguridad, se contempla crear registros y bases de datos para las personas que se consideran en riesgo ser monitoreados y catalogados como organizaciones criminales.
Las autoridades también podrían solicitar a las empresas tecnológicas que eliminen o eliminen contenidos de Internet, así como desplegar acciones de ciberpatrullaje, es decir, que el Estado incremente sus capacidades tecnológicas para espiar de manera encubierta lo que la gente hace y dice en Internet.
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Sistema de la Sedena, hackeado por colectivo ‘Guacamaya’
El 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la La Sedena fue víctima de un ciberataque lo que motivó la filtración de información sobre operaciones de las fuerzas armadas mexicanas y la salud del titular del Ejecutivo.
López Obrador detalló en su momento que el ataque se realizó mientras el Ejército realizaba un cambio en sus sistemas; Además, desestimó el ciberataque contra la dependencia, considerando que la información que se divulgó es de dominio público.
El grupo de hackers al que se le atribuyó el ataque a la Sedena se llama Guacamaya y también ha realizado ataques a Chile, Colombia, El Salvador y Guatemala.
Alejandro Armenta, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Alta, presentó en el mismo mes un propuesta sobre ciberseguridad en la que propone modificar el Código Penal Federal.
La propuesta propone que se imponga de 30 a 200 días de trabajo a favor de la comunidad y de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 400 días de salario a quien revele alguna comunicación secreta o reservada que conozca o haya recibido a los efectos de su empleo, cargo o cargo por cualquier medio.
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