Los gobiernos de la Unión Europea quieren que las futuras normas comunitarias de disciplina fiscal garanticen la reducción de la deuda pública de una forma más realista, tengan en cuenta la necesidad de invertir en la transición ecológica y la defensa comunitaria y sean más sencillas de aplicar.

Es el punto de partida general marcado por los ministros de Economía y Hacienda de los Veintisiete en vísperas de que la Comisión Europea presente en las próximas semanas unas primeras 'directrices' sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que este año marca tres décadas y tradicionalmente son vistos con ojos muy distintos desde cada capital.

"Hay diferentes puntos de vista entre los diferentes Estados miembros, pero lo que nos unió en esta discusión es que las reglas deben ser claras, aplicables y, como mínimo, realistas. Independientemente de los cambios que hagamos, tenemos que encontrar lo que es realista." dijo en rueda de prensa, tras el segundo día de un consejo informal centrado en la gobernanza económica, el ministro de Hacienda checo, Zbynek Stanjura, cuyo país preside la UE este semestre.

Entre los Veintisiete hay consenso en que las reglas deben asegurar la reducción de la deuda pública -que ha ascendido a cerca del 100% del PIB de media a causa de la pandemia-, "sobre todo donde es elevada y también en buenos momentos económicos". , ha explicado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

También que se debe prestar atención a la composición y calidad de las finanzas públicas, dadas las grandes necesidades de inversión para las transiciones verde y digital y nuestra seguridad colectiva”, así como que se debe reducir su complejidad y mejorar el cumplimiento, agregó.

"Parece haber una amplia convergencia en estas prioridades, por lo que confiamos en que podemos avanzar sobre la base de la orientación que la Comisión publicará a finales de este otoño", según Dombrovskis.

Será entonces, al conocerse los detalles, cuando surjan las divergencias entre aquellos países a favor de que la prioridad absoluta sea el control de las finanzas y los que demandan mayor flexibilidad, sobre todo de cara a las necesidades de inversión en las próximas décadas.

“Nuestro primer objetivo sigue siendo asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Para ello será necesario un ajuste fiscal, reformas e inversiones. Estos tres elementos deben combinarse para lograr una reducción realista, gradual y sostenida de los ratios de deuda pública”, ha destacado Dombrovskis, que ha dado un esbozo de las grandes líneas de la próxima propuesta de Bruselas.

La Comisión cree que, dadas las divergencias en los coeficientes de endeudamiento, no puede haber una solución única para todos, por lo que se podría dar más margen a los Estados miembros para diseñar sus trayectorias fiscales, pero esto debe ir acompañado de políticas más estrictas. caso de incumplimiento.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, sugirió esta semana que los países podrían desarrollar planes plurianuales y recibir más flexibilidad si se comprometen a realizar reformas o inversiones, teniendo en cuenta la experiencia que ha dejado la negociación de los planes de recuperación del Próximo Generación de fondos.

Para simplificar las reglas, Bruselas apuesta por tener un indicador único basado en el gasto público, en línea con las recomendaciones de otros organismos.

Las normas actuales obligan a los gobiernos a mantener la deuda pública por debajo del 60 % del PIB y el déficit por debajo del 3 %, y exigen ajustes si no se cumplen, lo que durante la crisis financiera se tradujo en duras políticas de austeridad y llevó a la Comisión a aplicar las normas con más flexibilidad , por lo que nunca se han impuesto sanciones.

Los países habían acordado en 2019 revisar las reglas, consideradas demasiado complejas, pero la pandemia obligó a postergarlas. Bruselas congeló las normas para liberar a los países del corsé presupuestario en su lucha contra la covid-19 y la guerra en Ucrania ha hecho que la suspensión se prolongue hasta finales de 2023.

Bruselas relanzó hace un año la reforma, que ahora va ganando velocidad, con el objetivo de que cuando se vuelvan a aplicar las normas haya al menos un consenso sobre las mismas. El temor de muchos países es que, si se introducen como están, muchos gobiernos se enfrenten a un expediente por superar con creces el umbral de la deuda.

“La deuda no puede superar el 60% del PIB, pero la media en la eurozona es del 95%. Es muy difícil explicar a los ciudadanos el porqué de estas normas”, ha insistido el ministro checo.