¿Qué desechó la SCJN en materia de derechos de audiencias y por qué debe importarte?

¿Qué desechó la SCJN en materia de derechos de audiencias y por qué debe importarte?
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto impulsado por el Poder Legislativo en 2017 que reformaba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de derechos de la audiencia y obligaciones de los organismos de radiodifusión, una resolución que ha generado confusión y posiciones encontradas.

Si bien la decisión del Tribunal Constitucional Supremo determina la existencia de violaciones graves del procedimiento legislativopor lo que se votó a favor el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan, que proponía invalidar el decreto de 2017, los magistrados no resolvieron el tema de fondo.

Por tanto, dicha resolución supone que, una vez notificada a la Asamblea Legislativa, prevalecerá la Ley de 2014. promulgada durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Esencialmente, el la confusión radica en cuáles son los derechos de la audienciaasí como cuáles son las obligaciones de los radiodifusores y cuáles son las implicaciones de la decisión.

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Información versus opinión

La Ley promulgada en 2014 establece “que la información noticiosa se diferencie claramente de la opinión de quien la presenta”un derecho de audiencias que quedó derogado con la reforma dictada tres años después, y el elemento clave de la confusión, que ha abierto el debate sobre la libertad de expresión.

Este mandato obliga a los comunicadores de radio y televisión a hacer una clara diferenciación para las audiencias de cuándo hablan de un hecho noticioso y cuándo emiten una opinión, lo que sería 'prácticamente imposible'

aseguró Raúl Trejo Delarbre, académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Para el especialista en medios de comunicación, si bien la decisión de la Corte asume que se tiene que aplicar la ley tal como se estableció originalmente, considera que, idealmente, esta obligación tendría que ser eliminada antes de que el complejidad de hacer esta diferenciación y la falta de una hoja de ruta para poder aplicarla.

Sin embargo, mientras eso suceda -o no- para aplicar este principio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe emitir lineamientos que indiquen cómo deben ejecutarse muchas de estas disposiciones de audiencia, incluidas las relativas a información y opinión.

El especialista precisó que el IFT tiene que cumplir con la responsabilidad de emitir lineamientos más claros y menos complejos a los de 2016, a pesar de "no estar en su mejor momento por la falta de comisarios y ser un organismo autonómico maltratado".

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Diferencia entre publicidad y contenido

Trejo Delarbre también insistió en que hay que aplazarlo la necesidad de distinguir entre la publicidad y el contenido de un programadado que las audiencias tienen que lidiar con anuncios en muchos contenidos, sin que quede claro que los productos o servicios anunciados son publicidad y no contenido.

En el decreto de 2017 se aprobó que esta distinción solo se aplicara a los noticieros, sin embargo, tras la resolución de la Corte Vuelve a estar vigente que en toda programación se haga una distinción entre publicidad y contenidoaseguró el académico.

Actualmente, en distintos tipos de contenidos en radio y principalmente en TV como programas misceláneos, concursos, retransmisiones deportivas o telenovelas, Los productos o servicios que se programan entre distribuidores y anunciantes se promocionan con mucha frecuencia..

Para Trejo Delarbre, las posiciones en contra de la decisión del máximo tribunal podrían basarse en los efectos sobre los acuerdos comercialesya que esto implicaría que prácticamente todos los contenidos con menciones publicitarias tendrían que especificar esta distinción.

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Iniciativa 2017, ¿qué incluyó?

La iniciativa de reforma fue presentada el 30 de marzo de 2017 por el entonces diputado panista Federico Döring Casar, su propósito era especificar las facultades del IFT y las obligaciones de los concesionarios en cuanto al contenido y derechos de las audiencias.

En principio, el objetivo era derogar las disposiciones que establecían que el IFT podía:

a) ordenar la suspensión cautelar transmisiones que violen lo dispuesto en la ley sobre la materia

b) controlar y sancionar las obligaciones relativo a la defensa de las audiencias

C) sanción cuando no se nombra al defensor de las audiencias o no se emiten códigos de ética

El Pleno del Instituto podrá constituir una Comisión para ordenar la suspensión cautelar de las referidas transmisiones.

Asimismo, como segundo punto, se determinó que los concesionarios deberánabstenerse de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa

Otro de los objetivos de la reforma de 2017 a la LFTR es que se difundirán los Códigos de Ética emitidos por los concesionarios de radiodifusión restringida, televisión o audio en el portal de internet de cada concesionario y será presentado al IFT para su inscripción en el Registro Público de Concesiones 15 días después de su emisión por parte del concesionario.

La iniciativa buscó resaltar los lineamientos que, en su caso, emita el Instituto para garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social tengan plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial, evitando cualquier tipo de censura previa de sus contenidos.

Además, dispuso que Los defensores de la audiencia serán designados por los concesionarios y se inscribirán en el Registro Público de Concesiones dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que ésta haya sido realizada por el concesionario.

Para tales efectos, se modificaron los artículos 15, 17, 216, 228, 256, 259, 260, 261, 297 y 311 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

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