Juez rechaza levantar suspensión contra obras del tramo 5 del Tren Maya

Foto: Cuartoscuro

El Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérezratificó la suspensión definitiva contra la continuación de las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo.

En su resolución, el juez ordenó mantener “la suspensión definitiva de los hechos denunciados atribuidos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Tren Maya Fonatur”.

Y aunque modificó la suspensión definitiva que concedió en mayo, el juez no publicó los cambios que hizo. Asimismo, fijó una audiencia para el próximo 1 de agosto, donde, con un informe detallado de las autoridades responsables, podrá verificar el estado que le espera a la suspensión definitiva que otorgó el pasado 30 de mayo.

La suspensión definitiva que se mantiene vigente fue otorgada por el juez Novelo a un grupo de buzos que interpusieron una demanda alegando que las obras del Tren Maya, en el tramo 5, provocarán daños irreversibles al complejo sistema de cavernas, cenotes y ríos subterráneos de área.

La suspensión definitiva ordena al gobierno federal “suspender o paralizar cualquier acto que tenga por objeto la continuación de la construcción del quinto tramo sur del Proyecto Tren Maya —con una línea de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo—, para que que no permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó el 19 de julio que optó por declarar de seguridad nacional las obras del Tren Maya, ya que “el tiempo que estuvo parado (la obra) estaba significando un alto costo para el presupuesto”. El mandatario federal estimó que a pesar de los retrasos el tren estará en funcionamiento en 2023 como prometió.

Este lunes 25 de julio, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador afirmó que las protecciones que promueven las organizaciones ambientalistas son financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, por lo que ordenó la declaratoria de seguridad nacional.

“Se utiliza un procedimiento establecido por ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional por muchas razones: porque se está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero del erario público, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria ”, resaltó.

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