Opinión

¿Cacería de brujas en la APF?

La Cuarta Transformación se ha peleado con empresarios, académicos, ONG y medios de comunicación a los que consideraba aliados del antiguo régimen. Sin embargo, con los trabajadores al servicio del Estado —ya sean médicos, petroleros, maestros o empleados federales— mantuvo incólumes los contratos colectivos de trabajo. La reforma laboral en ciernes, pero sobre todo los recursos disponibles, impidieron los despidos y los asentamientos originalmente proyectados.

También hubo otro fenómeno indimensionado: personal de confianza contratado por honorarios quería quedarse a trabajar con el nuevo gobierno… a pesar de su militancia político-partidista. Difícilmente entraría al Congreso de la Unión el nuevo marco legal que eliminaría los bonos y beneficios para los mandos medios y altos.

La afiliación al servicio no implica la inamovilidad de los servidores públicos de carrera y demás categorías de la administración pública, pero sí garantiza que no podrán ser separados de su cargo por motivos políticos.

La pandemia, pero sobre todo la austeridad republicana, modificó drásticamente el organigrama de las secretarías de Estado, organismos descentralizados y entidades paraestatales. En pleno sexenio de López Obrador, el desmantelamiento del aparato burocrático avanzaba inexorablemente.

Y lo que falta: avalado por la Función Pública, un lento pero implacable mecanismo ha comenzado a dejar sin efecto a cientos de nombramientos de servidores públicos de carrera, por las causales previstas en los artículos 52 y 60 de la Ley sobre la materia y sin responsabilidad de los contratantes. entidades.

Actualmente, sólo procedería por renuncia voluntaria, muerte, sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que implique la privación de su libertad o por las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos —que impliquen separación del servicio o reincidencia—. la terminación anticipada del contrato.

Pero ahora —según notificaciones que circulan en una decena de dependencias—, un trámite acelerado (de apenas 30 días hábiles) serviría para liberar las plazas. ¿La causa? El incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones del servidor público de carrera. ¿Y la sustanciación de los expedientes? A cargo de un comité técnico, previa aprobación del Órgano de Control Interno.

En la Cuarta Transformación, la Ley es la Ley, pero discrecionalmente, ¿dónde está la evaluación de competencias y méritos?

La austeridad republicana es un mal momento para la administración pública. Y para los promotores de la profesionalización del servicio público, más aún: en los dos primeros años de la Cuarta Transformación, la pérdida de cargos del SPC fue inversamente proporcional a la contratación de personal temporal y/o de confianza en los altos cargos. Solo entre 2018 y 2020, según un informe sobre el combate a la corrupción elaborado por especialistas de la Universidad de Guadalajara, hubo un aumento de 106,877 puestos entre el personal temporal, honorífico y el clasificado como “régimen de contratación no especificado”.

La primera ley federal sobre la materia data de 2003. En los primeros 15 años del sistema, según ese informe, los puestos de carrera pasaron de 41,164 puestos potenciales a 20,599; menos de la mitad.

A través de solicitudes de información y estadísticas de 10 entidades públicas, el estudio comparó el tipo de cargos que se otorgan en la administración pública, destacando los aumentos y disminuciones de personal bajo el criterio y criterio de quienes toman esas decisiones en el gobierno.

Efectos secundarios

CONTROVERSIA. En el ISSSTE llegaron con la esperanza de que el titular de esa unidad, Pedro Centeno, busque la candidatura de Morena en el Estado de México. La primera encuesta de «reconocimiento» lo dejó al margen y también un sinfín de disputas administrativas en las que los servicios de imagen están en el ojo del huracán. El contrato, por 142 millones de pesos para cubrir los requerimientos de tomografía, rayos X y resonancia magnética en 34 centros hospitalarios, lo firmó la firma Imedic, lo que dejó en aprietos al anterior proveedor, Tesi de México. Las quejas de los usuarios son intermitentes; sin embargo, el ISSSTE ahora cederá directamente un contrato de más de 2.000 millones de pesos para el arrendamiento de 500 ambulancias.

balandras. El PVEM nunca ha competido sin aliados en las elecciones constitucionales en el Estado de México, pero sus líderes aseguran atraer al menos el 10% de los votos en esa entidad. Y actualmente, su dirigencia estatal, encabezada por José Alberto Couttolenc, evalúa las rutas al 2023, «(podemos) Caminar solos o armar una coalición electoral», son las opciones, pero «no será cuestión de encuestas pagadas». o de dedos políticos.” ¿Podría ser?

RESPONSABILIDADES. En horas de la mañana en Palacio Nacional, el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas ha sido objeto de escrutinio público. La prestadora de servicios, RCU Sistemas, fue señalada por presuntos vínculos con familiares del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, pero el subsecretario Alejandro Encinas desmintió públicamente esas versiones. La firma, fundada hace 25 años e inicialmente dedicada al desarrollo e integración de las TIC, tampoco tiene expedientes abiertos por faltas administrativas. Nuestros clientes —tanto públicos como privados— son importantes y buscamos brindarles siempre calidad, seguridad, confianza y certeza.