Altán tendrá que decidir entre seguir inyectando dinero público en un proyecto en quiebra o buscar alternativas
En días pasados, Carlos Lerma, nuevo director general de Altán Redes (y por ende de la Red Compartida Mayorista), ha manifestado que solicitará al Instituto Federal de Telecomunicaciones una modificación a su título de concesión para poder prestar servicios directamente. a los usuarios finales. . Lamentablemente para el gobierno federal, que acaba de rescatar a Altán con más de tres mil millones de pesos de la banca de desarrollo, una modificación de esta naturaleza es imposible si el Artículo Décimo Sexto Transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013, que establece al pie de la letra que el La Red Compartida Mayorista “prestará servicios exclusivamente a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, en condiciones de no discriminación ya precios competitivos”.
Si bien dicha disposición se encuentra en un artículo transitorio de la reforma de telecomunicaciones, lo cierto es que comparte el mismo rango constitucional que los artículos permanentes y para su modificación deben cumplirse los requisitos de la Constituyente Permanente, lo que parece difícil de lograr dado el entorno. enfrentamiento actual entre el oficialismo y la oposición.
Independientemente de la barrera constitucional que impide que Altán brinde servicios a los usuarios finales, la propuesta de Carlos Lerma demuestra que la nueva administración de la Red Compartida Mayorista ya detectó el principal problema que enfrenta: la falta de demanda. Desde que los panistas insertaron este proyecto en el Pacto por México, la mayoría de los expertos del sector coincidieron en que la red estaba condenada al fracaso porque los tres principales operadores de servicios inalámbricos no la necesitaban y, por lo tanto, nunca alcanzaría el volumen de demanda de tráfico que sería necesario para hacerlo viable. Más allá de las fantasías que vendían como sesudos análisis empresas consultoras pagadas por el gobierno de Felipe Calderón, la realidad llegó a la Red Compartida Mayorista y tuvo que ser rescatada por el gobierno para no quebrar… por ahora.
Desde un principio, Altán fue financiado por la banca de desarrollo y por los gobiernos de China y México, en una apuesta que sonaba absurda y que no tuvo ningún referente exitoso a nivel internacional. A muchos nos pareció que la insistencia de los panistas sonaba más a connivencia con los proveedores de la red que a un verdadero proyecto de cobertura social, sobre todo porque la cobertura ofrecida ya estaba cubierta por las tres operadoras comerciales de telefonía móvil. Sin el tráfico de Telcel, AT&T y Telefónica, la Red Compartida Mayorista tendría que depender exclusivamente del tráfico que pudieran generar los Operadores Móviles Virtuales, que si bien han ido ganando terreno poco a poco, aún no llegan (y probablemente nunca lo hará) la participación de mercado que los panistas felizmente proyectaron para justificar su ocurrencia.
Me parece que el problema de la falta de demanda es insoluble. Además, el hecho de que las condiciones de operación y el destino de la valiosa banda de 700 MHz hayan sido establecidas en la Constitución constituye un grave problema para la administración de Altán, que deberá decidir entre seguir inyectando dinero público a un proyecto en quiebra o buscar alternativas que les permitan aprovechar el 90% de descuento que tienen en el pago de derechos por uso del espectro. Lo peor que le puede pasar al sector es que en un par de años Inbursa compre a descuento la deuda de la banca de desarrollo y se haga con el control de la Red Compartida Mayorista y la valiosa banda de 700 MHz. Sé que suena loco, pero en este país hemos visto cosas aún más extrañas y no pasa nada.
@gsoriag
