“Habrá muy buenas noticias en materia energética”, dijo Tatiana Clouthier el 29 de junio. ¿A qué se refería el secretario de Economía? A menos de una semana del anuncio de potenciales inversiones por 40.000 millones de dólares, llega el balde de agua fría: la novedad es que en Estados Unidos se les ha acabado la paciencia. Quieren que haya cambios sustantivos en el sector energético. Espera/exige que se reviertan algunas medidas implementadas por la administración de López Obrador. Quiere que el sector energético esté abierto a inversiones de Estados Unidos y que el campo esté parejo, en vez de trabajar para que gane la CFE y Pemex.
El anuncio de la Representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, es una bomba que estalla en el centro del T-MEC y tiene implicaciones para el proyecto de López Obrador, en términos energéticos pero también políticos.
«Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para resolver nuestras preocupaciones, pero desafortunadamente las empresas estadounidenses siguen enfrentándose a un trato injusto», dijo el comunicado del representante comercial de Estados Unidos. Tras 18 meses de afirmaciones más o menos cautelosas, han decidido cambiar de estrategia. Utilizarán los mecanismos que tiene el T-MEC para forzar cambios en la política energética mexicana. Piden consultas. En caso de que estos no tengan éxito, es muy probable que haya un panel para resolver las disputas. Hay miles de millones de dólares en juego.
¿De qué se queja Washington? Uno, las reformas de 2021 a la ley de la industria eléctrica, que da prioridad a la electricidad producida por la CFE sobre la de todos los productores privados. Dos, el papel que han jugado los entes reguladores: la inacción, la demora, el rechazo y la revocación de los permisos de operación de las empresas privadas del sector energético mexicano. Tres, una norma de 2019, que le otorga a Pemex permiso para seguir produciendo y vendiendo diesel con alto contenido de azufre hasta 2024. Cuarto, la decisión de la Secretaría de Energía, en junio de 2022, de dar todas las ventajas a Pemex y CFE en el uso de la red de gasoductos.
Según el comunicado de la USTR, Estados Unidos considera que estas acciones son incompatibles con algunas obligaciones del T-MEC, establecidas en los capítulos que detallan el acceso a mercados; protección de inversiones y asuntos relacionados con empresas estatales. Llama la atención que en el comunicado no se mencione el capítulo relacionado con el medio ambiente.
El argumento de los Estados Unidos no es nuevo y se topará con un hueso duro de roer. AMLO está convencido de que el T-MEC no incluye obligaciones en el sector energético. En buena medida, esta convicción tiene que ver con sus sesgos cognitivos y se vio reforzada por la información que recibió de su representante en las negociaciones del acuerdo, Jesús Seade. No coinciden con la opinión de otros expertos, incluidos los líderes del equipo dirigido por Idelfonso Guajardo. El T-MEC y el Acuerdo Transpacífico (TPP) sí contienen obligaciones en materia energética.
¿Cómo reaccionará el presidente mexicano? En principio, tiene dos opciones: hacer cambios básicos o mantener la línea anunciada desde su campaña. En cualquiera de los dos escenarios hay fuertes costos a considerar. El incumplimiento de los reclamos de los Estados Unidos puede poner en riesgo al T-MEC e implica una factura multimillonaria a pagar. Optar por hacer cambios sustantivos para atender las preocupaciones de Estados Unidos pondría a AMLO en la obligación de aceptar la cancelación o mutilación de su proyecto energético. Estamos hablando de un tema económico, histórico y geopolítico, un tema que es central en la narrativa de López Obrador.
¿Existen soluciones intermedias? La Cancillería, encabezada por el bombero Marcelo Ebrard, lleva unos meses negociando con empresas estadounidenses que tienen intereses en el sector energético mexicano. El plan es llegar a acuerdos individuales con algunas empresas, en los que encuentren la manera de hacer negocios en los términos que dicta la 4T. En 2019 se logró con algunas de las empresas que construyeron gasoductos para la CFE. La empresa estatal recuperó el control, pero pagó entre risas de los particulares. En el sector petrolero, el mejor ejemplo de estos acuerdos es Sempra (antes IENOVA), una empresa de California que encabeza Tania Ortiz Mena en México. En el CEO Dialogue, realizado la semana pasada, Sempra fue uno de los casos de éxito presentados por el gobierno mexicano.
¿Qué cambia con la decisión de la USTR? Estados Unidos quiere que las negociaciones entre el Gobierno de México y las empresas de Estados Unidos tengan como referencia el T-MEC, en lugar de las nuevas reglas desarrolladas por la 4T. Piensan en oportunidades de miles de millones de dólares en el sector energético y creen que es posible encontrar una solución beneficiosa para todos con más inversión estadounidense y un impulso decidido por la energía limpia en la región de América del Norte. “Nuestra meta es que México reabra el sector energético”, dijo un funcionario de la USTR en una conferencia telefónica con periodistas en la que participó ayer por la tarde. En otras palabras, para ellos aplicar aranceles no sería la mejor solución.
Habrá que estar atentos a lo que suceda en las consultas y en el panel de solución de controversias. En ese espacio binacional quedará claro qué grupo y qué visión prevaleció en cada país. El gobierno de Biden parece haberse quedado sin paciencia. Quizás aparezcan algunos halcones energéticos sobrevolando México. El gobierno de AMLO se enfrenta a un dilema. Dicen los que conocen al presidente que no rectifica ni corrige, ¿será la primera vez?
