Opinión

Violencias misóginas y corrosión social

La brutal represión contra las manifestantes feministas que este domingo protestaban contra la ola de feminicidios en Irapuato es una muestra más de la ausencia de una política integral para frenar la violencia misógina en el país. Peor aún, es una evidencia más de la estrategia del gobierno de recurrir al abuso policial y judicial para sofocar las protestas. Prevenir el hostigamiento, el feminicidio y las desapariciones no es una prioridad. Las autoridades parecen creer que pueden seguir “gestionando” la violencia criminal manipulando cifras y estigmatizando la protesta sin mayores consecuencias. Apuestan por sembrar el miedo y el cansancio en las víctimas, sus familias y la población en general, en una siniestra “pedagogía de la violencia” que terminaría paralizando y silenciando a todos.

Si ya es evidente que negar el problema de la delincuencia común y desordenada y dejar en la impunidad miles de desapariciones, feminicidios y violaciones ha favorecido la propagación de estos delitos y, por tanto, complica y complicará aún más su detención y erradicación, la responsabilidad del Estado y autoridades federales incluye la nefasta corrosión de la vida cotidiana de la población, de ese “pueblo” al que tanto alude el discurso oficial. Los delitos afectan a las víctimas directas ya sus familias; molestan a comunidades enteras que sí saben lo que pasa a su alrededor y sienten miedo: miedo de que les “quitan” a sus hijas, que las violen si salen solas, que las maten si van a una fiesta.

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En lugar de enviar un mensaje de fuerza y ​​serenidad, acompañado de acciones contundentes, justicia eficaz y transparente, políticas educativas que contribuyan a cambiar mentalidades y erradicar estereotipos, ¿qué hacen los gobiernos de todos los colores? Estigmatizan a las víctimas, a sus amigos y/o familiares, con el apoyo de los medios de comunicación, como está pasando ahora con el feminicidio de Debanhi o lo que pasó antes con Ingrid Escamilla, o con Mile Virginia Martín; justifican el abuso policial con argumentos deleznables como ahora en Irapuato, y antes en la Ciudad de México y Cancún; apuestan a que la sociedad «bienpensante» se indignará ante el descaro de los manifestantes y los demás pronto olvidarán, abrumados por nuevas noticias aterradoras.

En Guanajuato, los feminicidios, las desapariciones y las extorsiones se han incrementado desde 2015, cuando ya había indicios de la entrada del crimen organizado, que quizás podría haberse detenido si las autoridades lo hubieran reconocido. En Irapuato, la legítima protesta contra el femicidio ha sido precedida por otras, sin respuesta. El femicidio no sólo se deriva de la impunidad del crimen organizado, también se debe a los delincuentes comunes, socios y conocidos, que actúan con mayor saña en el clima de extrema violencia con impunidad: el asesinato ya será tipificado como «homicidio culposo» o «suicidio» o será atribuido a CO y no pasará nada. La política de simulación de la fiscalía estatal y otras dependencias gubernamentales es responsable del dolor y miedo de familias y comunidades que no pueden defenderse solas. Para eso está el estado.

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La bochornosa respuesta de la «policía de género» de Irapuato contra manifestantes y niñas que pasaban no es simplemente «producto del PAN», aunque la falta de alternancia en ese estado puede haber contribuido a la inercia criminal de las autoridades. Es necesario que haya justicia para las víctimas y se castigue a las autoridades agresoras, desde la policía, el alcalde y la fiscalía estatal que detuvo a los detenidos, humillados y golpeados.

También es necesario reconocer que este es un problema estructural de Guanajuato y del país, no para desdibujar responsabilidades, sino para exigir un cambio radical en México. Las jóvenes feministas, hartas de la violencia, se han atrevido a alzar la voz. ¿Dónde están, por ejemplo, los empresarios de Guanajuato y Nuevo León? ¿Están dispuestos a vivir en un país donde niñas y mujeres son asesinadas y desaparecidas con impunidad?