Opinión

Embelecos del Tren Maya

Sospechosos de sabotear el Tren Maya, Xcaret y Sac Tun —antes conocido como Calica— enfrentan sanciones de las autoridades federales por afectar el medio ambiente.

Las actividades de ambas empresas, con sede en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, han causado una «destrucción sin precedentes» en esa zona de la Rivera Maya, operan sin autorización de las autoridades federales y buscan una resolución judicial de las disputas.

El gobierno federal tiene pruebas irrefutables, tanto de las alteraciones al medio ambiente ecológico, atribuibles a los desarrolladores turísticos, como de la extracción ilegal de materiales en las inmediaciones de Puerto Venado, propiedad de Sac Tun.

El pasado fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un vuelo de supervisión sobre los tramos 5 y 6 del Tren Maya. Allí descubrió un barco en la terminal marítima. “Me habían dicho que ya no extraían material. Me estaban engañando».

Las negociaciones entre Vulcan Materials y el gobierno mexicano, según el último informe, avanzaban sin contratiempos. El presidente y director general de la firma, Tom Hill, confirmó hace una semana que ya contaban con el visado del permiso aduanero que les permitía continuar con sus actividades en Punta Venado.

Al cierre de 2021, las autoridades mexicanas no habían respondido a la solicitud de aval presentada por los directores de la filial mexicana de la empresa, con sede en Alabama. La última autorización se emitió en 2018 y a partir de este año solo tenían permisos temporales, los cuales debían renovarse cada dos meses.

Te puede interesar:  La Corte Corta y el Cannabis Irregular

“Si el gobierno mexicano no emite futuros permisos aduaneros o toma cualquier otra medida que nos obligue a cesar nuestras operaciones en México, nuestra capacidad de suministro a los clientes se verá comprometida”, enfatizó el informe anual 2021 de la firma.

Hace un mes, los representantes de Vulcan Materials acordaron modificar sus planes de explotación del yacimiento de caliza para desarrollar un proyecto ecoturístico a gran escala en su propiedad, siempre y cuando pudieran cumplir compromisos adquiridos previamente con sus clientes.

La construcción del centro turístico —concedieron— comenzaría de inmediato, en las áreas del terreno donde ya se agotaron las reservas de materiales pétreos. La firma extranjera puso a disposición de las autoridades mexicanas su reserva de materiales, para abastecer el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

Sus instalaciones en Puerto Venado —ofrecieron— podrían ser utilizadas para el traslado de materiales de construcción relacionados con el tren y los nuevos aeropuertos de la Península de Yucatán.

Las negociaciones entre las partes contemplaron incluso la ampliación de la terminal marítima, para recibir buques de pasajeros, de carga y navales a partir de 2024.

En el Palacio de Covián se encuentran los borradores del acuerdo vinculante, cuyo cumplimiento está sujeto al cierre del arbitraje internacional iniciado por Vulcan Materials en diciembre de 2018, por el cierre de operaciones en las canteras de Playa del Carmen y el embargo de material. reservas piedra sin perjuicio de la vigencia de su concesión sobre cuatro lotes y de la propiedad de las reservas de caliza.

Te puede interesar:  Lecciones del fallido Panaut

La primera audiencia de ese mecanismo —amparado por el T-MEC— se realizó en julio de 2021 y la segunda tendría lugar en el segundo semestre de este año.

La resolución de esa controversia, así como la firma de un acuerdo vinculante, estaban sujetas -según voceros de la empresa- al cumplimiento de una condición: que las autoridades mexicanas les permitan cumplir con los compromisos adquiridos con sus clientes, ambos en México. como en el extranjero.

Efectos secundarios

ESPALDAS. Ahora que la política pública contra las adicciones ha recaído en una incesante propaganda alarmista y desenfocada, el reconocimiento a la trayectoria de María Elena Medina Mora y Manuel Ruiz de Chávez, otorgado por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, destaca el papel de la comunidad médico-científica para atender a poblaciones vulnerables. Y revalorizar la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Gonzalo Río Arronte, en la lucha contra las drogas.