La nacionalización del litio en México comienza con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de convertir al país en una potencia minera, pero genera interrogantes sobre las expropiaciones, la capacidad del Estado para explotarlo y la cantidad real de yacimientos.

La reforma a la Ley de Minería, promulgada esta semana, declara al litio un mineral de utilidad pública cuya explotación será potestad exclusiva del Estado a través de un nuevo organismo público, un modelo similar al de Bolivia, detalla Juan Pablo Aguirre, investigador de la el apartidista Instituto Belisario Domínguez. del Senado

“Con esta reforma del litio, y lo importante es la explotación y el uso, México puede convertirse en un referente. Si no es una potencia mundial del litio, será un país competitivo con otras naciones latinoamericanas, como Chile, Argentina, Bolivia y Perú», dijo Aguirre a Efe este sábado.

¿UNA POTENCIA MUNDIAL?

Defendiendo la reforma en el Congreso, el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) argumentó que México ocupa el décimo lugar de los 23 países con reservas minerales, con el yacimiento más grande del mundo en Sonora, un estado en el noroeste del país.

El oficialismo, que ha comparado la importancia de la reforma con la expropiación petrolera, estimó que en ese yacimiento hay 243 millones de toneladas de litio con un valor de 70.000 dólares la tonelada, por lo que busca que estos ingresos vayan directamente al Estado.

Pero el investigador Aguirre advierte que “no hay un cálculo exacto del nivel de litio” en México, y que “erróneamente se ha dicho que México tiene las mayores reservas de litio del mundo, lo cual es falso”.

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“México sí tiene reservas interesantes, (pero) son superadas por las de Perú, Bolivia, Australia y Estados Unidos. Y hay que decir que México está en una fase de exploración para encontrar la cantidad y calidad de yacimientos”, aclara. .

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) solo identifica yacimientos de litio en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí, según investigaciones del Instituto Belisario Domínguez.

Además, los últimos datos del SGM reportan exportaciones de litio por poco más de 650.000 dólares en 2018 frente a 3,8 millones de dólares de importaciones, de las cuales más de las tres cuartas partes provienen de Chile, que tiene una ley mineral de más de 40 años.

LA SOMBRA DE LA EXPROPIACIÓN

La reforma ha creado polémica porque la empresa de capital chino Bacanora Lithium ahora tiene una concesión en Sonora que le permitiría extraer 35,000 toneladas anuales de carbonato de litio en un yacimiento con 8.8 millones de toneladas equivalentes con reservas que durarían 250 años.

“El hecho de poner el rasgo de utilidad pública anticipa de alguna manera el intento del gobierno mexicano de expropiar probablemente las concesiones mineras que ya han sido otorgadas”, advierte Patricia Vivar, abogada minera de Tete, a Tete Consultores y VHG Servicios Legales en entrevista.

El jurista afirma que la ley podría ser «atacada» en términos de tratados internacionales, hechos antes de la reforma, aunque primero se deben agotar las instancias nacionales, en las que podría haber amparos porque la reforma fue legal y no constitucional, como pretendía. Presidente.

Y aunque hay que analizar caso por caso, Vivar cree que la expropiación “sería el peor mensaje para los inversionistas nacionales y extranjeros en materia minera”.

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Ante la incertidumbre, México corre el riesgo de perder el atractivo de inversiones por 24,200 millones de dólares para nuevas minas en los próximos seis años, según advirtió esta semana la Cámara Minera de México (Camimex).

EL RETO PARA EL ESTADO

El oficialismo también ha prometido 50 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) para explorar la existencia de litio en 18 estados.

“Estaba leyendo comentarios de que ¿para qué vamos a tener litio si nos va a faltar la tecnología? Sí, pero ahí vamos a desarrollar la tecnología o adquirirla, pero el litio es nuestro”, justificó esta semana el presidente López Obrador. .

A pesar de las promesas, el abogado Vivar recordó la historia de las empresas estatales, como la dirección financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Uranio Mexicano, empresa creada en 1979 para aprovechar la energía de la central nuclear. que fracasó en 1985.

“Dado el historial que ya tenemos con empresas como Pemex, como CFE, realmente sabemos que es solo para beneficiar a cierto grupo, el grupo en el poder en este caso, y que realmente no trae crecimiento y beneficios económicos para el país en general. «, Retenida.

Solo para construir una mediana empresa minera se necesitan unos 300 millones de dólares, además de inversión en exploración, según el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalúrgicos y Geólogos de México.

“En la minería los riesgos son demasiado altos para que el Estado asuma estos riesgos con recursos que podrían ser utilizados para otras necesidades del país”, dijo esta asociación en un comunicado.