Opinión

Ni todos son felices ni vamos bien

“Las desapariciones forzadas siguen siendo cometidas directamente por agentes públicos a nivel federal, estatal y municipal. Además, el crimen organizado se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de colusión y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión por parte de los servidores públicos”.

Lo anterior es parte del informe de su visita a México que fue presentado ayer en Ginebra (Suiza) por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), el organismo de expertos independientes que supervisa la implementación de la Convención Internacional. para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2006. Hasta febrero pasado, 98 países lo habían firmado y 67 lo habían ratificado, entre ellos México.

No es agradable leer el informe porque describe la terrible situación que viven los cientos de miles de personas que sufren por el dolor, la angustia de no poder encontrar a un ser querido, y el desorden del gobierno para atenderlos y resolver los problema, a pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno federal, reconocido por la CED, que lamentablemente muchas veces se quedan con buenas intenciones porque no se invierten amplios recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos.

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Algunos de los párrafos del informe que deberían conmocionarnos e indignarnos a todos:

“Al 26 de noviembre de 2021 se registran 95.121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité [del 15 al 26 de noviembre de 2021].

“Entre 2006 y 2021 hubo un crecimiento exponencial de desapariciones en el país, ya que en ese lapso se produjo un porcentaje superior al 98%. Estos datos muestran la estrecha relación entre el aumento de las desapariciones y el inicio de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ (…) durante la cual se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública, que se mantuvo e incluso ha empeorado en los siguientes sexenios…

“El Comité considera de particular preocupación la victimización específica de las mujeres que, en la mayoría de los casos, quedan a cargo de sus familias y enfrentan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos…

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“No menos preocupante es la situación de las personas defensoras de derechos humanos, algunas de las cuales han sido desaparecidas…

“Al 26 de noviembre de 2021, solo un porcentaje mínimo de los casos de desaparición de personas, entre el 2 y el 6%, han sido judicializados, y solo se han dictado 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.

“A esto se suma la actitud muchas veces pasiva de las instituciones judiciales ante un fenómeno tan grave como la desaparición de personas”.

La realidad descrita en el Informe CED no es la de un país en el que todos estamos contentos y nos va bien, que es a lo que se refiere frecuentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador. No todo el mundo está contento y no lo estamos haciendo bien.

El informe.

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