Opinión

Ley eléctrica en la Corte: ¿cuánto costará la decisión de cuatro ministros?


 

La ley de electricidad de 2021 no es inconstitucional, decidió la Corte Suprema. El Presidente no necesitó una mayoría para obtener una victoria política, le bastaron 4 de 11 votos. Con esta decisión del máximo tribunal, entre otras cosas, se da la razón a una ley que da preferencia a la CFE a la hora de “despachar” la energía eléctrica, sin importar sus costos y cuán “limpia o sucia” sea. energía que produce. Es un triunfo para la CFE y su director Manuel Bartlett. Habrá una nueva ola de litigios y, quizás, disputas comerciales a gran escala. ¿Cuánto costará esta decisión? ¿Quién pagará estos costos? ¿Cómo hacer las cuentas?

López Obrador gana mucho en política porque deja claro que no solo tiene popularidad, sino también la capacidad de hacer que la Corte Suprema se alinee con su proyecto, por sumisión o por convicción. “No me vengan con ese cuento de que la Ley es la Ley”, dijo el Presidente el día antes de que la Corte Suprema hiciera su deliberación. ¿Fueron los ministros y ministras los destinatarios de ese mensaje? El caso es que AMLO obtuvo los votos que necesitaba. Los cuatro son parte de un mensaje interesante. Corresponden a dos ministros propuestos por él, Loretta Ortiz y Yazmín Esquivel, quienes formaron un “equipo” con dos ministros propuestos por Felipe Calderón, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Para dejar clara la línea, el secretario de Gobernación se presentó un día antes de la decisión en la sede de la Corte Suprema. La intervención del Secretario pudo haber sido más discreta, pero el señor Adán Augusto en estos días no está para sutilezas (recuérdese Sonora). Ojalá no pasen 13 años para que el ministro Zaldívar ofrezca una versión de lo ocurrido el miércoles con esta visita. ¿Cuánto le cuesta esta decisión al Tribunal Supremo? ¿Se compensa ese costo con la ganancia que implican los aplausos de los partidarios del presidente? Es difícil medir estos intangibles. Hay cosas en la vida que no tienen precio, como dice la gran publicidad de una tarjeta de crédito.

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El triunfo político tiene un precio económico. ¿Qué impacto tendrá sobre la inversión privada, sobre los costos y precios del sector eléctrico y sobre el PIB? La inversión privada que se pone entre interrogantes no es sólo la que corresponde al sector eléctrico. Hay sectores que son usuarios intensivos de energía eléctrica y que requieren un suministro garantizado en condiciones de precio adecuado y generado por fuentes de energía “limpias”. Industria automotriz, aeronáutica, siderúrgica, electrónica… Para ellos, las señales que está dando México son contrarias a lo que necesitan para tomar la decisión de invertir aquí. En el gobierno no parece importar que ya no estemos entre los 25 países más atractivos para invertir, según AT Kearney. Este no aparecer puede ser relevante en un momento en que se redefinen las cadenas productivas globales. Estados Unidos necesita traer inversiones que ahora están en Asia cerca de casa. México es la mejor opción, pero insiste en presionar a su socio para que lo mantenga a distancia. En el Gobierno hay quienes creen que la inversión llegará pase lo que pase. Otros piensan que es irrelevante que la inversión prefiera migrar a otros países.

¿Habrá consecuencias en el marco del T-MEC? El Presidente está convencido de que sus planes para el sector energético no violan un acuerdo comercial que tiene que ver con un tercio de nuestro PIB, solo en exportaciones. Estados Unidos piensa lo contrario. Lo ha dicho muy claro la representante comercial Katherine Tai, y de forma un tanto confusa el embajador Ken Salazar. ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Qué harán otros países con grandes inversiones, como Canadá y los de la Unión Europea? ¿Cómo responderá México? ¿Qué pasará en el Congreso con la contrarreforma? El Presidente está convencido de que no pasará nada, que hay muchos ladridos pero pocos mordiscos. Él piensa que el tope de 46% en el mercado eléctrico mexicano es suficiente para los socios comerciales. Este porcentaje implica un negocio mayor al que ofrece todo el mercado en todos los países de América Latina, con excepción de Brasil. La apuesta de AMLO y su equipo parece ser conducir las cosas de tal manera que las empresas opten por negociaciones extrajudiciales con la CFE y el gobierno mexicano. También Sempra Energy (antes Ienova, encabezada en México por Tania Ortiz Mena) y los dueños de los gasoductos. Es una apuesta arriesgada. Las empresas pueden optar por ir a juicio por un valor de entre $ 10 mil millones y $ 40 mil millones. Es una apuesta arriesgada porque los “Halcones” norteamericanos pueden optar por descafeinar el T-MEC y reducir el compromiso de integración a largo plazo con México. ¿A alguien en Palacio Nacional le importa esto? Todo parece indicar que la prioridad es la revocación del mandato.

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