Opinión

La reforma

Si se confirma la expectativa de que el PIB repunte un 6% este año (rebote, no crecimiento), al final de este tercer año de gobierno el PIB por habitante sería casi un 8% más bajo que en 2018. en octubre de 2018 con la cancelación del aeropuerto de Texcoco no ha parado. Este tsunami ha tenido un hilo común muy claro: desprecio por acatar las reglas del juego, desprecio por el estado de derecho. Esto, naturalmente, ha impactado negativamente la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y solo por esta razón, ha reducido el potencial de crecimiento futuro de la economía.

El último clavo en el ataúd, no al «neoliberalismo», sino a las posibilidades de crecimiento, es la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica. Una aberración no solo porque estaría establecido en la propia Constitución que la CFE tendría al menos el 54% del suministro de energía, una verdadera camisa de fuerza, sino que también significa, al discriminar a los generadores privados, una expropiación indirecta, en abierta violación de diferentes tratados internacionales, incluido el T-MEC.

¿Qué empresa, especialmente extranjera, pero también nacional, estaría dispuesta a invertir en un país donde el gobierno no respeta las reglas? ¿Qué empresa estaría dispuesta a invertir si no tiene un suministro garantizado de electricidad a precios competitivos al verse obligada a adquirirla de un monopolio gubernamental que es notoriamente ineficiente y genera costos significativamente más altos que los generadores privados y además no tiene (o tendrá) ¿Tiene) los recursos necesarios para ampliar su capacidad de generación y que ante un aumento de la demanda, debido a la camisa de fuerza insertada en la Constitución, no podría contentarse con una mayor participación privada? Apagones y más apagones, arruinando maquinaria que requiere un flujo estable de electricidad, así como electrodomésticos.

¿Y qué pasa con los precios que cobraría la CFE? El presidente ha recurrido a un argumento falaz de «precios justos» (esos no existen) y que como consecuencia de la reforma no aumentarían las tarifas para los consumidores residenciales (más allá de la inflación). ¿Recurriría la CFE a un esquema de subsidios cruzados encareciendo aún más la electricidad para las empresas (con el consecuente incremento en el precio de los bienes y servicios que producen y afectando negativamente a los consumidores de estos bienes) para no incrementar las tarifas residenciales? La CFE podría determinar las tarifas pero no los costos. ¿Qué pasa si aumentan los precios internacionales del petróleo y el gas natural, insumos necesarios para la generación de electricidad? Si la limitación no es aumentar las tarifas, sería necesario aumentar el subsidio del gobierno a la CFE y Pemex, un subsidio que pagan todos los contribuyentes y en detrimento de las finanzas públicas. En este mundo no hay nada gratis.

Pero aún hay más. La reforma propuesta por el presidente y su fiel escudero Manuel Bartlett, es una reforma notoriamente sucia. Las plantas generadoras de la CFE son altamente contaminantes, especialmente ahora que se ven obligadas a quemar carbón y fuel oil. Esta empresa prácticamente no ha invertido en plantas de generación de electricidad limpia (eólica y solar), a diferencia de la inversión privada en estas fuentes renovables y las hidroeléctricas no son garantía (¿alguna vez han consultado a los ingenieros que manejan las represas?). Sacar a los generadores privados del mercado, en abierta discriminación, conduciría a una mayor contaminación, con el costo para la salud de los mexicanos. Además, muchas empresas privadas están apostando por abastecerse de energía limpia; Si la CFE no puede entregárselos, por decisión corporativa, no podrán invertir en México.

Por todo esto y más, la aberrante reforma no se puede aprobar.

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