El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado mexicano, dijo este viernes que la iniciativa de reforma constitucional del sector eléctrico, enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, «lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y la medio ambiente».

«La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando un daño irreversible al estado de derecho, el medio ambiente, las finanzas públicas y la competitividad del país», dijo la CCE en un comunicado.

Además, dijo que la iniciativa «obliga a todos los mexicanos a comprar energía a la CFE, por muy sucia, cara e ineficiente que sea».

Asimismo, manifestó que «la imposición de esta reforma implicaría que dejen de operar las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado», violando los tratados internacionales de los que México es parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la irretroactividad de las leyes.

«Estos efectos retroactivos, que ignoran el estado de derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país», dijo.

Además, pondrían en «grave riesgo» la credibilidad del país como socio comercial y lo dejarían expuesto al reclamo de indemnización bajo diversos mecanismos legales, incluidos los arbitrajes internacionales.

Los empresarios acusaron que la CFE «no ha desarrollado plantas de generación con energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido y no contribuirá a reducir los costos de generación ni a las emisiones contaminantes».

«Si se aprueba la reforma propuesta por el gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones ante el cambio climático, dado lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado una crisis climática», concluyó.

En tanto, el presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dijo que su partido «se opondrá enérgicamente a la reforma de la CFE» porque afectará directamente los bolsillos de la clase media y tendrá consecuencias inéditas para el medio ambiente. . porque representa un retroceso en el uso de energías limpias y renovables ”.

En tanto, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) instó al Congreso a «analizar a fondo los impactos de la iniciativa constitucional presentada por el Ejecutivo Federal en relación al sistema eléctrico nacional».

La Asociación recordó que la iniciativa presentada incluye la desaparición de organismos reguladores coordinados en materia energética como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

«Es fundamental que la ley garantice la existencia de reguladores con autonomía técnica y gerencial para que puedan cumplir con sus principales funciones: fortalecer el sistema energético de México y aumentar la competitividad nacional», dijo.

INICIATIVA ENVIADA

Este viernes, el mandatario mexicano informó que envió al Congreso su iniciativa para la reforma constitucional del sector eléctrico, que apunta a establecer que la estatal Comisión Federal de Electricidad tiene el 54% del mercado.

El 46% restante se mantendrá para empresas privadas para que haya una «competencia real y real», agregó.

En esta misma iniciativa, prosiguió, se establece que «todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación».

El 1 de septiembre, durante su tercer informe de gobierno, López Obrador anunció que presentaría al Congreso una reforma constitucional para revertir las «privatizaciones» en el sector eléctrico.

El mandatario decidió presentar una reforma constitucional dado que sus leyes para dar prioridad a las empresas públicas de energía CFE y Pemex (Petróleos Mexicanos) están varadas ante los tribunales debido a una avalancha de protección de empresas privadas.