La reforma anti-amparos
Si el presidente López Obrador hubiera presentado hace dos años su reforma constitucional en materia eléctrica, quizás hubiera sido creíble que su principal objetivo fuera mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Hoy ya no lo es.
La reforma constitucional que se espera sea presentada esta semana, como ha explicado el propio presidente, es una simple escalada procesal. "Inicialmente solo había pensado en reformar la ley para corregir esa situación, pero después de esa protección llegué a la conclusión de que necesitamos una reforma constitucional", reconoció recién en julio.
Esto se ha intentado disfrazar con un poco de historia, soberanía y grandilocuencia. La semana pasada, un legislador de Morena afirmó que la reforma retoma el legado histórico del presidente López Mateos y garantizará a la CFE (típicamente la generadora más cara y sucia del sistema) el 54% de la generación eléctrica. Al mismo tiempo, el legislador asegura que la reforma reducirá costos y promoverá la generación renovable. Dejando a un lado la veracidad, podrían ser buenos mensajes políticos antes de la saga de la Ley de la Industria Eléctrica. Pero, tras la confesión presidencial, ¿se puede negar que su reforma no es más que una reforma anti-amparos?
El hecho de que el gobierno ya considere imposible que su actual política de electricidad sobreviva a los tribunales es muy revelador. Contrario al discurso que promueven, el juicio de amparo no es precisamente un examen infranqueable, que requiere que el gobierno demuestre la idoneidad de sus propuestas o la veracidad de todas las promesas. Para poder pactar con él, los tribunales no han demandado al Ministerio de Energía para demostrar que los costos de generación o las emisiones contaminantes bajarán gracias a sus políticas. Han pedido algo básico: demostrar que sus políticas y reformas no violan derechos constitucionales, como la libre competencia / competencia y el derecho de la población a un medio ambiente sano. En dos años de litigio, eso es lo que no han podido probar.
Ni siquiera las mayorías calificadas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, respaldadas por una posterior mayoría simple en más del 50% de los congresos de los estados mexicanos, pueden cambiar la realidad. Si al presidente le sale el cálculo político de 'dar la vuelta' a algunos miembros de la oposición, lo que conseguirían es reformar la Constitución. Pero eso no suspende ni las leyes de la física (que gobiernan las emisiones) ni las 'leyes' económicas (que establecen que el uso de insumos y tecnologías más costosos no puede reducir los costos). A menos que opten por salirse de sus preferencias de política energética declaradas, no dejarán de violar los principios de libre competencia y protección del medio ambiente. Lo único que hubieran logrado es crear un régimen de excepción injustificable e impopular para la Comisión Federal de Electricidad.
¿Podría la Constitución dotar a la CFE de un derecho diferenciado en detrimento de al menos dos garantías constitucionales del resto de los mexicanos, una de ellas, por cierto, íntimamente ligada ni más ni menos que con la salud pública? Esta parece la receta para una crisis constitucional. Pero, incluso sin llegar allí, es un equilibrio aritmético (si no democrático) terrible. De aprobarse, sería un doloroso desliz para un país que parecía haber entendido que los cambios constitucionales deben ampliar y fortalecer los derechos de todos los mexicanos. No los de los funcionarios a costa de los mexicanos.
@pzarater
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