La Agenda Parlamentaria Saludable propuesta
La Agenda Parlamentaria Saludable, propuesta por la coalición México Salud-Hable y la Alianza por la Salud Alimentaria, es un compendio de propuestas cuyo objetivo es contribuir a la mejora de las condiciones de salud que imperan en el país, las cuales deben ser abordadas para lograr el desarrollo económico del país y el bienestar personal de quienes vivimos aquí.
Se propone la reforma de la Ley General de Control del Tabaco, el fortalecimiento de las políticas de prevención y control del consumo nocivo de alcohol y una mayor protección frente a ambientes obesogénicos y la publicidad de alimentos ultraprocesados y bebidas altas en calorías. Se propone reformar las Leyes Generales de Educación y Educación Superior para introducir o actualizar contenidos que enseñen a los estudiantes las consecuencias del consumo de tabaco, alcohol y productos pseudoalimentarios, además de proponer estilos de vida saludables.
Se proponen medidas fiscales y presupuestarias, entre ellas, la reforma de la Ley IEPS para aumentar los impuestos a las bebidas y alimentos ultraprocesados, así como a los productos de tabaco y alcohol, en al menos un 20%; el establecimiento de medidas para transparentar, monitorear e informar públicamente sobre la recaudación, asignación y gasto de los recursos captados por estos saludables impuestos, además de incentivar y apoyar a los gobiernos del estado y de la Ciudad de México para que apliquen medidas de recaudación local y aportes especiales, que Desalentar el consumo de productos nocivos para la salud y el medio ambiente.
En cuanto a la atención oncológica, se solicita a la Secretaría de Salud y al Consejo General de Salud que definan específicamente las medidas de prevención, diagnóstico oportuno y acceso al tratamiento; Priorizar la atención de los diez cánceres más frecuentes en el país, la publicación en el DOF de los protocolos para el tratamiento de esta enfermedad aprobados en el Compendio Nacional de Insumos de Salud. El Código del Cáncer se propone al Centro Nacional para el Control de Enfermedades y Programas Preventivos para que pueda ser diagnosticado en 30 días y tratado en 60 días.
Se solicita el Posicionamiento del Estado mexicano a favor de la universalización de los servicios de salud, ya que un país económicamente competitivo no puede estar conformado por personas insalubres, con deficiencias de salud y atención médica; integración funcional y coordinación institucional que brinde a toda la población acceso a servicios de salud integrales, oportunos y suficientes, medicamentos y atención médica de calidad, y protección financiera contra gastos catastróficos; convocar al Sector Salud y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para compensar los gastos de bolsillo a quienes se vean obligados a cubrir gastos de hospitalización, medicinas, atención, traslados, etc., por la insuficiencia de las instituciones de salud .
Se solicita evitar el conflicto de intereses y contra la injerencia de las industrias, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado y la Cámara de Diputados para evitar dicho conflicto y promover la transparencia en las interacciones con los grupos de interés; actualizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para establecer medidas sobre conflicto de intereses; obligar a los diputados y senadores y sus asistentes a ser capacitados sobre injerencias de industrias, conflicto de intereses y falta de transparencia en la relación con las personas y la rendición de cuentas; Promover entre los legisladores la suscripción personal de no conflicto de intereses y el rechazo de donaciones de todo tipo.
En cuanto a la participación de las personas que viven con enfermedades no transmisibles y sus cuidadores, se postula que en los proyectos de sensibilización, prevención, acceso al tratamiento, rehabilitación física y mental y reinserción social, se integra la participación de los pacientes; integrar a un paciente en las Comisiones de Bioética de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; incorporar a la Ley General de Salud la disposición para que los cuidadores primarios de personas con enfermedades crónicas discapacitantes estén capacitados para atender mejor a sus pacientes, así como presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la iniciativa para que se les pague un salario a los cuidadores primarios.
Juan Núñez es coordinador de la Coalición México Salud-Hable
Alejando Calvillo es portavoz de Alliance for Food Health
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