Gasolinas: huachicol y monopolio
Hay noticias impactantes en el campo del almacenamiento e importación de gasolina y diesel.
La información registra, por un lado, la suspensión y eventual revocación de permisos para una importante empresa extranjera.
Y por otro lado, indica el cierre de tres terminales de almacenamiento de otras tres empresas, en distintas entidades del país. Se trata de grandes empresas cuya actividad es la importación, almacenamiento y comercialización de gasolinas y diésel.
Cabe recordar que a partir de 2016 el gobierno mexicano anunció la libre importación de estos combustibles, con el objetivo primordial de beneficiar al consumidor.
A partir de esa fecha, Pemex dejó de tener exclusividad en la importación de estos combustibles.
Inversores privados nacionales e internacionales comenzaron a participar en este negocio.
Las empresas almacenadoras e importadoras de estos combustibles se convirtieron en un eslabón creciente en la cadena de suministro de otro negocio, en el que comenzó a tener participación la iniciativa privada, el despacho de gasolina al consumidor final.
Ambas actividades forman parte de la apertura energética iniciada por el gobierno anterior.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido con diferentes acciones administrativas y legislativas un proceso de contrarreforma energética en los campos de hidrocarburos y electricidad.
Ha buscado limitar la participación privada en la exploración y explotación de petróleo y en la generación de electricidad.
En esta parte de los hidrocarburos se ha observado un doble aspecto.
Por un lado, la batalla que ha emprendido el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Raquel Buenrostro, contra el huachicol fiscal, como se ha llamado a prácticas irregulares en la importación de combustibles.
El SAT no está solo. Se apoya en la acción interinstitucional en aduanas y fuerzas armadas.
Y por otro, las actuaciones administrativas que está llevando a cabo el Ministerio de Energía que encabeza Rocío Nahle y la Comisión Reguladora de Energía, que nació como una entidad autónoma, pero que a partir de este sexenio ha dejado de serlo para actuar más. como parte del gobierno federal. .
Sener suspendió cinco permisos para que Trafigura importara gasolina y diesel. Están en proceso de revocación.
No hay una explicación oficial concreta, aunque la suspensión de los permisos apareció en el sitio web de la propia agencia, que los marca en rojo con anotaciones de suspensión y en proceso de revocación.
Y por otro, se conoció del cierre de tres terminales de almacenamiento de las empresas Monterra Energy, Ienova y Bulkmatic.
Hasta aquí los hechos.
El discurso presidencial ha sido claro en el sentido de que se debe dar prioridad a las empresas Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Desde ese punto de vista, hay claridad. Puede que esté o no de acuerdo con la nueva política energética, pero nadie puede decir que hay ambigüedad en el mensaje.
De hecho, se anunció una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y está a punto de ser lanzada, precisamente con el propósito de fortalecer a la CFE.
En el caso de los hidrocarburos, aún no se ha anunciado una iniciativa formal. Sin embargo, las acciones han sido claras con la suspensión de las rondas petroleras, las inyecciones de capital y la reducción de la carga tributaria sobre Pemex.
A través de los canales administrativos se han registrado acciones como cierres de empresas de almacenamiento e importación en las últimas horas.
Parecen parte de la misma estrategia. Sin embargo, todo indica que son casos totalmente distintos.
Por un lado, el gobierno mexicano está enfocado en derribar el huachicol fiscal. Ciertamente es un propósito indiscutible.
Y por otro, la contrarreforma energética, administrativamente, tiene sus fallas.
En el área de hidrocarburos, se busca que se realice por vía administrativa, sin las bases legales pertinentes.
La participación de empresas privadas puede desalentar la inversión nacional y extranjera y la adquisición de monopolios energéticos va en contra de la competencia y los consumidores.
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