“Hola, soy la vicepresidenta”: La llamada que alertó a las eléctricas

El pasado lunes, a última hora de la tarde, los primeros ejecutivos de las eléctricas recibieron una llamada de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. El también ministro para la Transición Ecológica les transmitió que al día siguiente el Consejo de Ministros iba a aprobar, mediante real decreto-ley, un plan de choque con medidas para afrontar el alza de la electricidad. Era algo que ya estaba en los círculos más informados; pero tenía que ser confirmado. Sin embargo, no les dio muchos detalles. Solo el comunicado de las medidas, que los técnicos del ministerio vienen preparando desde agosto y que se han acelerado por la imparable subida de los precios mayoristas de la electricidad.

Esa misma noche, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en TVE, concretó algo más. Algunas medidas son transitorias, como la reducción del impuesto especial, que se suma a la reducción del IVA y del impuesto a la generación; la reducción de los "beneficios extraordinarios" obtenidos por la retribución de la energía no contaminante al precio fijado para el gas ("las empresas lo podrán soportar", dijo el presidente), lo que permitirá reducir los cobros que se cobran en la recepción o en la obligación de las empresas dominantes (es decir, las grandes) de hacer subastas entre las independientes. Otras de carácter permanente, como el establecimiento de un suministro vital mínimo para garantizar que los hogares más vulnerables no se queden sin electricidad o el control de los vertidos de los pantanos para evitar la especulación.

Los motivos del plan estaban más que justificados por el aumento de los precios del gas, que son los que marcan el precio marginal al que se vende toda la energía en el mercado mayorista, y los derechos de emisión de CO₂. Casualmente, tras tomar las medidas, el precio de la energía se disparó hasta el récord de 188,18 euros MWh el pasado jueves (los días siguientes bajó a 146,57 este domingo), cifras que ninguna oficina de estudio había anticipado ni siquiera con mucho (como máximo tenían lo colocó alrededor de 60 euros).

Lo peor es que el mercado de futuros indica que los precios del gas seguirán subiendo por las nubes al menos hasta marzo de 2022 y el Gobierno no puede actuar sobre ellos. Lo único que puede hacer es encomendar a los dioses de los mercados internacionales que abran el grifo ya las autoridades de Bruselas que modifiquen el sistema de precios y el mercado de CO₂, en el que se especulan los fondos de inversión. Por eso no quedaba otra opción que hacerlo en las partes de la factura de la luz en las que se puede maniobrar: costes e impuestos regulados, que han pasado de representar el 75% de la tarifa a menos del 50%, mientras que la energía pesa más. de la mitad.

No llueve al gusto de todos

Pero por muchas razones que se plantean, no llueve del agrado de todos. Mientras las asociaciones de consumidores y ambientalistas aplauden, las empresas del sector se lamentan y preparan la artillería para acudir a los tribunales, alentadas también por los bancos de inversión, que han producido una batería de informes en los que se apiñan las descalificaciones del plan: Inseguridad jurídica, incertidumbre regulatoria, freno a la recuperación ... Las eléctricas cuestionan la frase del presidente de que pueden soportarlo. Según los empresarios del sector, la reducción de los denominados "beneficios extraordinarios" de la generación hidroeléctrica y nuclear (por valor de 2.600 millones) "es una medida injusta y equivocada, basada en un supuesto aumento de las ganancias". “Tiene”, agrega, “un impacto enorme en la estabilidad de un sector que no es responsable de esta situación ni se beneficia de ella, algo que se puede verificar observando el valor bursátil de las empresas a pesar de la subida de precios a lo largo de 2021 ″.

Las empresas también destacan que no se ha tenido en cuenta que prácticamente han vendido el 100% de la producción base (hidráulica, nuclear y renovable) para 2021 y más del 75% de 2022 a un precio que no supera los 60 euros MWh. , mucho más bajo que el mercado lugar (Se compra o vende con entrega inmediata y al precio de mercado vigente). En su opinión, habrá una reducción en los ingresos de unos 65 euros MWh, que se suma a los 10 euros MWh que perderán por la eliminación de la retribución que perciben en plantas antes de 2005 que no emiten CO₂ (las convocatorias beneficios caídos del cielo que se encuentra en fase de proyecto de ley en el Congreso de los Diputados). En este sentido, el Foro Nuclear, en el que están presentes las empresas eléctricas, ha amenazado con emprender acciones legales y cerrar las centrales nucleares antes de la fecha pactada si no se retira el proyecto, algo que no pueden hacer sin contar con un informe favorable del operador. del mercado.

Pero las firmas renovables también se han quejado, alarmadas porque la redacción del artículo 4 del real decreto-ley no deja claro si la reducción de los "beneficios extraordinarios" afecta a las instalaciones que desarrollan con contratos cerrados de compraventa (conocido como APP por sus siglas en inglés). De ser así, anunciaron que tendrían que cerrarlos y dejar de realizar inversiones. "Es una ralentización de la transición energética", dijeron incluso en el sector. El lío fue tan grande que el vicepresidente Ribera tuvo que aclarar que la medida no se aplicará a instalaciones que no hayan obtenido beneficios extraordinarios como consecuencia de la venta de energía al precio del gas. Las aguas se calmaron, pero no los espíritus.

Las empresas, sin embargo, tienen alguna esperanza de que el ministerio reconsidere su posición y revise el decreto-ley para que la sangre no llegue al río. Por lo tanto, antes de ir a los tribunales, están moviendo sus poderosos hilos. Quieren agotar todas las posibilidades de acercarse al Gobierno por las avenidas que encuentran abiertas, que no son solo las de la Transición Ecológica. Por otro lado, les alivia, en la medida de lo posible, que la mayoría de las medidas sean temporales.