Seguro de Desempleo
El gobierno del presidente López desmanteló una política social, que en décadas anteriores logró reducir la pobreza de manera significativa. Ha sido reemplazado por un puñado de programas clientelistas discrecionales que no solo no han logrado reducir la pobreza, sino que la han extendido en forma de pobreza extrema, empleo e ingresos, como ha documentado ampliamente CONEVAL en las últimas semanas. Se trata de programas involucrados en la corrupción, sin reglas de funcionamiento adecuadas, sin seguimiento ni evaluación, sin mecanismos de financiamiento sustentable, y que tienen una clara lógica político-electoral. En cambio, no existe un esquema de protección para los trabajadores cuando pierden su empleo, lo que los mantiene inseguros, aumenta la pobreza e impacta el mercado interno, además de inhibir la formalidad.
El seguro de desempleo existe en más de 70 países del mundo, tanto desarrollados como en desarrollo. Este instrumento mitiga el riesgo para el trabajador y suaviza la caída del consumo doméstico, además de prevenir conflictos en las empresas y en las relaciones trabajador-empleador. Asimismo, promueve la productividad mediante el fomento del empleo formal, representa un sistema de estabilización económica y social con efectos claramente contracíclicos y tiene una influencia progresiva en la distribución del ingreso. En este contexto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara de Diputados ha presentado esta semana una iniciativa que reforma el Artículo 4 Constitucional para crear el Seguro de Desempleo en México, la Ley Federal del Trabajo para definir su cálculo, y la Ley del Impuesto sobre la Renta para ofrecer incentivos a las empresas.
Es un seguro económicamente viable que llegaría a 2,5 veces la Línea de Pobreza Extrema, que según CONEVAL, a julio de 2021 asciende a $ 1,761 pesos mensuales por persona. Así, el monto entregado mensual alcanzaría la cantidad de $ 4,402 pesos, que sumados durante el período de aplicación del seguro de desempleo (4 meses) ascendería a $ 17,610 pesos por trabajador desocupado. Según el IMSS, el total de desempleados en el mercado laboral formal en 2020 fue de 647 mil trabajadores formales y temporales. De esta forma, el gasto mensual total por Seguro de Cesantía sería de 2.851 millones de pesos, con un costo fiscal que alcanzaría los 11.406 millones de pesos anuales.
Esta última cifra es perfectamente rectificable dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sus beneficios económicos y sociales superarían con creces su costo. Se deben establecer reglas de operación eficientes y transparentes para el Seguro de Desempleo, así como un sistema confiable de evaluación, seguimiento y monitoreo. Su viabilidad financiera es evidente si comparamos su costo fiscal total con el gasto del gobierno del presidente López en proyectos absurdos, poco rentables que representan un derroche gigantesco para el fisco, y que fueron emprendidos solo por capricho ilustrado sin estudios de mercado, estudios de factibilidad. , ni de impacto ambiental. Todo el gasto en estos proyectos es asumido por el gobierno ya que no ha habido ninguna empresa nacional o extranjera que quisiera invertir en ellos. El Tren Maya tendrá un presupuesto de 62 mil millones de pesos en 2022. La infame refinería Dos Boca recibirá 45 mil millones de pesos el próximo año, y el inútil aeropuerto de Santa Lucía, 11 mil millones de pesos. Es decir, solo en estos rubros se desperdician 118 millones de pesos al 2022 en obras que nunca verán un retorno de inversión suficiente para amortizarlas. El seguro de desempleo representaría solo el 9,6% de esos gastos injustificables, o poco más de una milésima parte del presupuesto federal total. Es obvio que se necesitaría una mayoría cualificada para aprobar esta iniciativa, que incluye una reforma constitucional. Ojalá se unieran los partidos del régimen. Desafortunadamente, lo dudo; no mueven un dedo sin la instrucción expresa del presidente López.
@g_quadri
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