El Congreso estudiará una fórmula para proteger a trabajadores de empresas ‘rescatadas’ de privatizaciones

Personal de mano de obra suplente. Esa es la categoría que Compromís quiere incluir en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para poner fin a los conflictos laborales que implican la subrogación de trabajadores de un servicio rescatado de la privatización. Desde julio de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obliga a las administraciones a incorporar a los empleados de un servicio privatizado tras su revocación sin que tengan que pasar por un proceso selectivo u oposición. De esta forma, Europa impuso la absorción de estas personas sin que la legislación española tuviera una categoría que les diera cobertura legal ya que no eran ni funcionarios, becarios ni personal laboral. En los servicios rescatados hasta el momento, estos trabajadores han sido clasificados como "personal permanente no permanente a extinguir". Sin embargo, esta categoría supone una foto fija de la situación del empleado en el momento de la reversión sin que pueda cambiar, ni en términos de derechos, salarios o promoción, a lo largo del tiempo. Además, estos puestos en la Administración acaban yendo a concurso al cabo de unos años.

La enmienda que Compromís ha presentado en el Congreso pretende darles una cobertura definitiva que, además, allanaría el camino para la reversión de servicios que ahora encuentra un tortuoso camino en su regreso a la esfera pública. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, lo ha dicho reiteradamente: "Para privatizar hay una carretera de ocho carriles y para dar marcha atrás hay un camino rural sin asfaltar". Y así se ha vivido en los últimos intentos y logros de reversión de áreas sanitarias en la Comunidad Valenciana, incluidos los hospitales, que el PP dejó en manos de operadores privados. Asimismo, el conflicto laboral y el sistema de absorción forzosa de estos trabajadores ha provocado tensiones dentro del Gobierno valenciano, formado por el tripartito de los socialistas, Compromís y Podemos, que marcó entre sus compromisos la vuelta a la ciudadanía de algunos de los privatizados. servicios. El PSOE se ha mostrado partidario de realizar estas reversiones a través de una empresa pública mercantil, fórmula que no implica trabas laborales ya que los empleados pasan de estar gobernados por una empresa a hacerlo por otra. Sin embargo, Compromís, que logró imponer su fórmula de absorción y gestión directa de la Administración, considera que este sistema sigue dejando el servicio en manos de un operador privado y es el que menos establece la reversión de un servicio privatizado para que se gestiona desde el público.

La enmienda presentada en el Congreso por el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se suma a las ya pactadas antes de la aprobación del decreto interino, respaldado en julio por los socialistas, Unidos Podemos, Nueva Canarias, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria y la propia Compromís, que espera contar con el apoyo, al menos, de los mismos colectivos. “A este personal se le respetará la remuneración habitual que había recibido de su anterior empleador”, dice el texto grabado el pasado lunes. Esta condición, en realidad, se mantiene ya que se hizo con el "personal permanente no permanente a extinguir". La enmienda también indica que en cuanto al resto de las condiciones laborales, "se mantendrán a título personal". En todo caso, la Administración conservará la facultad de "hacer uso de las facultades de no aplicación de convenios y convenios y de modificación sustancial de las condiciones de trabajo generalmente previstas en la legislación laboral y de empleo público".

"El personal laboral subrogado tendrá derecho a la promoción profesional y podrá asistir a los procesos de promoción, así como a los de movilidad que se convoquen o asciendan en relación a puestos de la misma naturaleza en el ámbito de servicio en el que han venido prestando su actividad. ”, Agrega como un derecho que actualmente no está contemplado.

Compromís considera que la inclusión de esta nueva categoría laboral solucionaría la falta de seguridad jurídica y los problemas y dificultades que plantea actualmente la reversión de servicios anteriormente privatizados. Además, sostiene que, de esta manera, se terminaría con la disparidad en las condiciones laborales y que no implicaría la violación de la limitación de crecimiento de personal por tasas de reemplazo, ya que no cuentan las incorporaciones si son impuestas por sentencia judicial, como es el caso. Uno de los retrocesos que tiene pendiente la Generalitat Valenciana es el del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos el 1 de enero de 2023. Según las previsiones del consejero de Economía, Rafael Climent, asumiendo toda la plantilla de las estaciones, la Administración podría ganar hasta 39 millones de euros anuales y precios más bajos para los usuarios.