Resolución histórica y ejemplar

Un tema juicioso, orientado en gran parte por la opinión de los hombres en un acomodado donde la decisión corresponde a las mujeres, finalmente encuentra un faro que es también un punto de inflexión en la lucha femenina por el respeto a la libertad reproductiva. La Corte Suprema de Justicia, a partir de la resolución que prohíbe la criminalización de la mujer por la interrupción de su embarazo, se convierte en el primer tribunal latinoamericano en pronunciarse en profundidad sobre un tema que, en muchos casos, se pospone en su discusión por atavismos arraigados. que diferentes grupos defienden en la sociedad. Sin embargo, este es un tema urgente que involucra tanto los derechos reproductivos como las políticas de salud pública en un estado.

Es una realidad que no se puede esconder bajo la alfombra. Con datos de la Organización Mundial de la Salud, se sabe que cerca de 1 millón de mujeres mexicanas optan por el aborto bajo la sombra del secretismo. Aproximadamente 350.000 de esos casos provocan complicaciones médicas y poco más de 60.000 mujeres pierden la vida.

Además del lamentable viaje para salvaguardar su propia salud, la posterior criminalización de la mujer embarazada sigue siendo como una guadaña. La solución es aún tan incompleta, que solo cuatro estados de los 32 que integran la república han establecido una legislación adecuada sobre plazos, a lo que ahora se suma Coahuila, entidad federativa en cuyo Código Penal se dictó la histórica sentencia del 7 de septiembre. .

Pero el camino por recorrer aún es largo, ya que la naturaleza del aborto como delito se considera una cuestión de legislación local, donde las condiciones para el consenso y la composición de la legislatura tienden a variar significativamente. De ahí que las causas de no sanción penal que se consideran variables y van desde las aceptadas unánimemente en caso de infracción, hasta razones económicas donde solo dos estados las consideran excluyentes de la responsabilidad penal. Es aquí donde el mensaje enviado por la Corte Suprema tiene un poderoso eco en congresos locales como el Estado de México, Sonora, Sinaloa y Puebla, donde los supuestos de sus Códigos Penales, rayan en lo inverosímil y anacrónico en detrimento de derechos, la integridad y libertad de la mujer.

Más allá de la amarga polémica política y social que suscita el tema, la lucha de las mujeres latinoamericanas encuentra un sólido punto de apoyo en el control de la legalidad a través de las resoluciones de sus órganos supremos. Recordemos los pañuelos verdes en Argentina, cuyo ondeo propició la aparición de la ley de plazos para la interrupción del embarazo o la resolución del sistema judicial ecuatoriano, país en el que finalmente se despenaliza el aborto en caso de violación.

El faro permanece encendido y el mensaje de la SCJN es contundente: la esperanza y el respeto son las máximas de nuestro tiempo.

Gorjeo: @gdeloya

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