El tráfico de huachicol, un mal que no cesa en México

México ha tocado techo en la lucha contra el robo de combustible. Al menos eso dicen las cifras de Pemex, empresa estatal que controla la producción de gas y gasolina. Según informes de la empresa, el país perdió 174,9 millones de pesos de enero a julio por el huachicol, cifra apenas por debajo de los 177 millones de pesos de pérdidas por hurto sufridas en todo el año anterior.

Al igual que en 2020, la mayor cantidad de pérdidas, 169 millones este año y 105 el año pasado, fueron por robos en la península de Baja California. Por el número de tomas clandestinas en los gasoductos, encabezan la lista los estados de Hidalgo y Puebla, situación idéntica a la de hace cuatro años. Guanajuato, Veracruz y el Estado de México también aparecen en los primeros lugares.

Sin embargo, las cifras son inferiores a las registradas en 2018, año en que el huachicol se convirtió en un problema real para varios estados, en el caso de Puebla o Guanajuato, y también para el gobierno federal, entonces comandado por Enrique Peña Nieto (2012- 2018). En ese año, Pemex registró 14,910 tomas clandestinas que le hicieron perder 2,068 millones de pesos.

Los cálculos de pérdidas apartaron el dinero utilizado para reparar los agujeros en las tuberías o los montos necesarios para mantener las operaciones de vigilancia en áreas conflictivas. Según los cálculos dados a conocer por la actual Administración en diciembre de 2018, las pérdidas por huachicol alcanzaron los 60.000 millones de pesos anuales, unos 3.000 millones de dólares.

Nada más asumir el cargo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una cruzada contra el robo de combustible. En enero de 2019, el mandatario anunció el cierre temporal de varios de los oleoductos que distribuyen combustible en todo el país. Los camiones cisterna reemplazaron los oleoductos, una decisión que ralentizó el suministro y dejó sin gasolina a cientos de estaciones de servicio en todo el país.

López Obrador ordenó al Ejército acampar literalmente sobre los oleoductos en algunos de sus tramos, por ejemplo Guanajuato, que en 2017 y 2018 registró casi 4.000 tomas clandestinas. La situación trascendió el robo de combustible, convirtiéndose también en un problema de seguridad pública en algunas regiones, primero por la agresividad de los grupos de ladrones y luego por el riesgo que implica perforar los oleoductos.

En esos dos años, los últimos años de la administración de Peña Nieto, bandas de ladrones de combustible pincharon las tuberías de Pemex con total impunidad, convocando a decenas de cómplices con almacenes portátiles, incluidos camiones cisterna. En zonas de Puebla, estos robos ocurrieron a plena luz del día, provocando una reacción de las autoridades. En 2017, cientos de militares llegaron al llamado triángulo rojo del huachicol, al norte de la ciudad de Puebla, para intentar contener a los ladrones. El enfrentamiento entre criminales y militares dejó situaciones inéditas en la región, como tiroteos y persecuciones en las localidades. En ese momento era muy conocido el caso de la localidad de Palmarito, un enfrentamiento a balazos entre delincuentes y uniformados que quedó grabado en cámaras de seguridad en algunas casas de la zona. Las imágenes mostraban el brutal intercambio de balas y, al final, cómo un soldado remató a uno de los criminales heridos.

A veces, los agujeros en las líneas de combustible dejaban a cientos de vecinos haciendo cola, cargando cubos y botellas, tratando de llevarse a casa algo de gasolina gratis. De hecho, el cierre de las tuberías ordenado por López Obrador coincidió con uno de los peores accidentes registrados durante su mandato. El 19 de enero de 2019, una toma clandestina en un oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, se incendió y explotó, matando a 137 personas.

La estrategia del presidente entró en vigor y el número de incautaciones clandestinas registradas cayó en 2019 y aún más en 2020, coincidiendo con la pandemia. Ahora en 2021, parece que el número vuelve a crecer. La situación es diferente a la vivida en 2017 y 2018. Aunque en algunas regiones, como en el caso de Puebla, el número de incautaciones clandestinas registradas en los últimos 18 meses es alto, el impacto es mínimo. De enero a julio de este año, Pemex contó 1,185 pozos en sus ductos en ese estado. Las pérdidas incurridas, sin embargo, ascendieron a poco más de un millón de pesos. En Hidalgo, en el mismo período, se registraron 2.554 y no se registraron pérdidas.

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