La decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de obligar a las empresas con más de 100 empleados a exigir que sus trabajadores se vacunen contra COVID-19 o se realicen pruebas semanales ha dividido al sector privado sobre el efecto que puede tener en la recuperación económica y ha enfurecido a los conservadores en los Estados Unidos.
La Casa Blanca estima que esta medida podría afectar a unos 80 millones de personas, o dos tercios de todos los trabajadores estadounidenses, lo que la convierte en la mayor intervención pública en el sector empresarial desde el inicio de la pandemia.