Las reglas
Durante su campaña presidencial, el presidente López Obrador se mostró muy crítico, con razón, del crecimiento mediocre que había experimentado la economía mexicana durante el período “neoliberal”, un promedio de 2% anual. Según él, si se convertía en el candidato ganador, prometió que durante su gobierno la economía crecería a una tasa promedio anual del 4% y que al final de su sexenio la economía crecería al 6%. Malas noticias para él, pero especialmente para los mexicanos en su conjunto; Durante este sexenio, es muy probable que el crecimiento de la economía no alcance ni siquiera el 2% promedio anual.
Son varias las causas del desempeño más que mediocre de la economía durante este sexenio, pero la que se destaca es sin duda la inseguridad jurídica que el propio presidente ha generado con sus decisiones y que, por la misma razón, han desanimado. Inversión privada, tanto nacional como extranjera. Desde la cancelación arbitraria y notoriamente errónea del aeropuerto en octubre de 2018, la certeza sobre las reglas del juego que todo inversor privado exige ha ido disminuyendo casi continuamente.
La historia es de todos conocida: a la mencionada cancelación le siguió la otra, también arbitraria e ilegal cancelación de la planta cervecera en Mexicali, el arbitrario e ilegal cambio (como inconstitucional) de las reglas del sector energético nacional, la captura de diferentes organismos reguladores como la CRE y la CNH, el ataque mediático y presupuestario a los órganos autónomos del Estado (INE, INAI, IFT, Cofece), la cancelación arbitraria de fondos y fideicomisos con la consecuente apropiación de los recursos que administraban y un destino Además de ser opaco, la cancelación de diferentes programas de gobierno, una vez más arbitrarios y sin mayor respaldo que afirmar que hubo corrupción en su gestión sin aportar prueba alguna, como Prospera, guarderías, Seguro Popular y otros y un larguísimo etcétera.
Jugar y cambiar arbitrariamente las reglas no es gratis; el costo es muy alto y lo hemos experimentado. Al evaluar un proyecto de inversión, las empresas se enfrentan a un futuro incierto, por lo que su rentabilidad depende de varios factores que no necesariamente están bajo su control (tipos de interés y de cambio futuros, ingresos netos esperados dada la evolución de la demanda del bien que producirán y el costos futuros de materias primas, etc.). Si, además de todas estas fuentes de incertidumbre, se agrega un elemento adicional, que es que el gobierno puede en algún momento no respetar el marco legal, las reglas bajo las cuales se llevaría a cabo el proyecto y modificarlas arbitrariamente, como se ha hecho. hecho. Este gobierno, el resultado obvio será un menor flujo de inversión y por lo tanto una menor tasa de crecimiento económico. Y todos pagamos el costo, particularmente las familias más pobres; sin un crecimiento elevado y sostenido no hay forma de reducir permanentemente la incidencia de la pobreza; Las transferencias gubernamentales, además de inhibir el incentivo para la superación personal, nunca serán suficientes.
El Secretario de Hacienda conoce la importancia para la inversión y el crecimiento de brindar a los agentes económicos privados un marco en el que exista, al menos, certeza jurídica y que las reglas no se modifiquen arbitrariamente. El problema no es él; el problema es el propio presidente, que no da ningún valor al estado de derecho.
Al margen
Aplausos a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por unanimidad, al aprobar que la penalización del aborto es inconstitucional, reconocieron el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y sobre su maternidad. Con esta decisión, la libertad en México avanzó varias casillas.
Gorjeo: @econoclasta
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