Una comisión de luz, ¿sin fines de lucro?
Hay que leer muy poco para saber que la CFE no es una entidad legal sin fines de lucro. La aclaración está en la página 2 de su propia ley. La CFE es una "empresa productiva del Estado" cuyo objeto es "el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en función de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario". En el mismo artículo se afirma que "garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, el funcionamiento eficiente del sector eléctrico y la competencia".
Entonces, sólo dando la vuelta a la ley se puede argumentar que CFE merece un trato preferencial por ser una empresa “sin fines de lucro”, como sostiene el presidente López Obrador. Pero es comprensible que separar a una empresa de este tipo de sus resultados finales pueda parecer liberador. Al fin y al cabo, como exige el propio artículo 4, la CFE debe "actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental". Para el presidente, esta es la dimensión social que se debe enfatizar.
Repasemos estos resultados. Con honestidad y transparencia, la CFE no ha podido refutar la investigación de IMCO que muestra cómo distorsiona sus estados financieros. Este mismo año tuvo que admitir, aunque sin consecuencias, que su equipo directivo presentó a la opinión pública un cargo falsificado. Es posible que esto no haya sido para obtener ganancias financieras. Pero, ¿en qué momento se convierte en superioridad moral discriminar a las empresas tradicionales?
En responsabilidad ambiental y social, los resultados de CFE son profundamente diferenciados. Pero no en un sentido positivo. Con la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, hoy suspendida por los tribunales mexicanos, la CFE podría convertirse en la primera empresa del mundo que empeora significativamente el perfil de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero de todo un país al incrementar su participación en el mercado de tajos. Dada su dimensión social, ¿podríamos inferir que la CFE va a renunciar a la posibilidad de ganar participación de mercado con el despacho de plantas de carbón, diesel y fuel oil?
Para ser justos, es importante reconocer que la productividad que la ley exige de la CFE es efectivamente limitada. El propio artículo 4 aclara de inmediato que debe buscar "minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir así al desarrollo nacional". Pero la CFE ha hecho todo lo posible para evitar que el criterio de despacho de electricidad sea el de menor costo. ¿Podría ser más obvio que la propia CFE domina que despachar sus plantas es más caro?
Lamentablemente, los resultados de CFE no mejorarían incluso si la ley limitara su propósito a garantizar la seguridad energética, independientemente de su costo económico, social y ambiental. Con plantas de generación en operación por más de 100 años, las tasas de indisponibilidad de la CFE son absurdamente altas. Y, en casi tres años, no ha podido ampliar la red de infraestructura de transmisión o distribución en prácticamente un kilómetro. Esta es la principal causa de los "apagones retro", como acuñó ayer Gabriel Zaíd.
Desafortunadamente, no hay mucho canjeable. Lo honesto sería reconocer que la CFE, a pesar de su propósito, destruye valor más allá de lo económico. Sus pérdidas no la hacen virtuosa. En cuanto a sus resultados no financieros, de hecho, su “dimensión social” solo hace que su fracaso sea multidimensional. Pero nada de esto le impide ser un instrumento motivado por el lucro: económico por ley y político por mandato presidencial.
@pzarater
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