Leyes y gobierno

Diputados ahora van por regulación del home office para funcionarios públicos

La reforma del teletrabajo que entró en vigor en enero dejó fuera a las personas que trabajan en instituciones públicas, por lo que se busca extender para ellas, entre otros, el derecho a la desconexión y el pago de gastos asociados.


La reciente regulación del teletrabajo dejó fuera a quienes laboran en el gobierno o en alguna institución pública, como las universidades. Pero una nuevo proyecto de reforma en la Cámara de Diputados busca incluir a ese personal que, al hacer home office, gocen de los mismos derechos, como la desconexión digital.

El proyecto, que plantea una reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), fue presentado por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los legisladores del PAN, y suscrito por integrantes del PRI y del PRD.

Propone prácticamente la misma redacción y, por lo tanto, los mismos derechos y obligaciones para el home office que quedaron asentados en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en enero pasado. Esa norma rige al sector privado, a quienes laboran en empresas y a las personas que crean esos empleos.

El marco legal para personas servidoras públicas es la LFTSE. De ser aprobada la reforma, se incluiría a esa ley un artículo 2º Bis, el cual señalará que “el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada” y remunerada. Precisará que realiza en lugares diferentes a “las sedes de las dependencias, entidades e instituciones públicas”.

La iniciativa indica que “tendrán los mismos derechos de trabajo digno, igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales”.

También garantiza la protección a sus datos personales, a la intimidad y a la asociación sindical. Con la modificación propuesta al artículo 43 de la LFTSE, los titulares de área tendrán la obligación de respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral.

Las personas que laboren bajo esta modalidad recibirán equipo de cómputo, sillas ergonómicas e impresoras, entre otros materiales que requieran para trabajar a distancia. De igual manera, como se estipuló para las empresas privadas, las dependencias deberán costear el servicio de Internet y la parte proporcional de la energía eléctrica.

Teletrabajo en las instituciones públicas

Desde el 30 de marzo, cuando el Consejo de Salubridad declaró la emergencia sanitaria por la covid-19, inició una etapa de confinamiento. A partir de entonces ese tiempo se ha ido ampliando para los sectores privado, social y público, apunta la iniciativa.

El año pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un acuerdo para que el personal del gobierno federal que pudiera hacerlo laborara desde casa. Al principio previó que podrían regresar a las oficinas el 31 de julio de 2020. Luego amplió el plazo para el 30 de septiembre y, al llegar esa fecha, lo prorrogó al 8 de enero de 2021. Pero al elevarse el número de contagios de covid al cierre del año y al no existir las condiciones para volver, fijó una nueva: el próximo 30 de abril.

También el Poder Judicial y el Legislativo y los organismos autónomos han optado por sesionar a distancia o de forma semipresencial, señala el panista en el texto presentado este martes. El teletrabajo permitió “priorizar la salud de los trabajadores y sus familias” sin deja de cumplir con “las funciones sustantivas de estas instituciones públicas”, apunta.

En la exposición de motivos, el diputado subraya que el trabajo a distancia no altera los poderes de dirección. En el home office las órdenes se transmiten vía remota, así que no debería significar condiciones laborales distintas a las del formato presencial.

La Comisión del Trabajo y Previsión Social en San Lázaro revisará esta iniciativa, sus integrantes la discutirán y presentarán un dictamen al respecto. Si éste es a favor, llegará al pleno de la Cámara. Si la mayoría lo avala, pasará al Senado, donde se repetirá el mismo procedimiento.

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